Ciudad de México, abril de 2026
Un criterio interno del Infonavit está deteniendo operaciones inmobiliarias legítimas en la práctica. El impacto ya se siente en la Ciudad de México y podría escalar a un problema mayor.
En la Ciudad de México, donde cada trámite inmobiliario implica tiempo, dinero y paciencia, una nueva barrera administrativa comienza a generar preocupación entre ciudadanos, notarios y especialistas.
No es una ley nueva. Tampoco una reforma. Es un criterio interno.
Desde febrero, el Infonavit ha comenzado a aplicar la Nota Operativa 05/2025, un lineamiento que, en los hechos, está provocando el rechazo de operaciones inmobiliarias realizadas mediante poderes notariales, aun cuando estos fueron otorgados conforme a la ley.
El problema es tan sencillo como delicado: lo que la ley permite, una circular interna lo está limitando.
En términos prácticos, esto significa que personas que legalmente designaron a un representante para realizar trámites —una práctica común en una ciudad como la CDMX, donde muchos trabajan, viajan o viven lejos de sus propiedades— ahora se enfrentan a rechazos inesperados.
La consecuencia es inmediata: operaciones detenidas, procesos que se alargan y costos adicionales que terminan pagando los usuarios.
Y en una ciudad donde el acceso a la vivienda ya es complicado, cualquier freno adicional tiene efectos multiplicadores.
Especialistas han advertido que este tipo de criterios podrían vulnerar principios básicos como la seguridad jurídica. No es un tema menor: se trata de la certeza de que las reglas no cambian de un día para otro sin respaldo legal.
Porque aquí no estamos frente a una actualización administrativa ordinaria, sino ante un criterio que, en la práctica, modifica cómo se aplican derechos previamente reconocidos.
Otro punto que ha generado inquietud es la exigencia de incluir la CLABE interbancaria en instrumentos notariales. Más allá de su intención operativa, esto abre un frente delicado en materia de protección de datos personales.
En una ciudad como la capital del país, donde la actividad inmobiliaria es constante y diversa, este tipo de medidas no se quedan en el papel. Se traducen en incertidumbre para compradores, vendedores, desarrolladores y familias que buscan regularizar o concretar su patrimonio.
El riesgo es claro: cuando los trámites se vuelven impredecibles, el mercado se frena.
Y cuando el mercado se frena, el impacto llega directo al ciudadano.
De fondo, el tema es más amplio. Se trata de hasta dónde puede llegar una institución a través de lineamientos internos sin pasar por una reforma legal. Porque si un criterio administrativo comienza a operar como si fuera ley, entonces la certeza jurídica deja de ser una garantía y se convierte en una variable.
En una ciudad como la CDMX, donde el derecho a la vivienda y la movilidad patrimonial son temas sensibles, ese tipo de señales no pasan desapercibidas.
El Infonavit tiene un papel central en la vida de millones de mexicanos. Precisamente por eso, cualquier ajuste en sus procesos debe ser claro, legalmente sustentado y, sobre todo, previsible.
Porque al final del día, no se trata de trámites.
Se trata del patrimonio de las personas.
Jorge Arturo Castillo, +52 1 55 5100 4868
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