Ciudad de México, 14 de diciembre de 2022
Dr. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal
El pasado 22 de noviembre del presente año, anunció a través de Grupo Milenio, un comunicado a la sociedad al que nombra “misión cumplida”, que avanza los hechos de su informe de actividades de cara a que el próximo 31 de diciembre termina su cargo de 4 años como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. México Justo, es una organización que tiene como objetivo, el fortalecimiento del Estado de Derecho y que ha seguido de cerca las actividades del Poder Judicial en los últimos 4 años, remarcando la importancia de la correcta impartición de justicia, la corrupción y la impunidad. Estamos integrados por académicos de distintas universidades públicas y privadas del país, investigadores y abogados de reconocido prestigio.
Debido a lo anterior, resaltamos los siguientes puntos que consideramos esenciales:
1. En dicho comunicado Usted menciona: “Dejamos un Poder Judicial que no tolera la corrupción, con mejores herramientas para sancionarla y mediante la desarticulación de las redes de influencia que lastimaban la integridad de la función judicial, así como un sistema meritocrático, alejado del nepotismo y el tráfico de influencias”.
Sobre el tema, decimos que, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (2022), que es un estudio que se hizo a 15 países de Latinoamérica, en donde México se encuentra en la posición 12 de 15, menciona también que México ha tenido una trayectoria descendente de 5%, en cuanto al índice de capacidad legal, sobre independencia y eficacia judicial tenemos un puntaje de 3.68, viviendo también un retroceso en los últimos 3 años.
A todo esto, se considera que, el discurso presidencial sobre la impunidad y la corrupción, aunado a las fuertes críticas al Poder Judicial por actuaciones especificas no ha fortalecido el sistema meritocrático que Usted menciona, sino ha fortalecido las redes de influencia que siguen lastimando al Poder Judicial y sobre todo a cada uno de los mexicanos que acudimos a él para adquirir justicia.
2. Menciona también la lucha por la equidad y paridad de género: “Dejamos un Poder Judicial premiado a escala internacional por su compromiso con la igualdad de género. En el que todos los concursos son paritarios o exclusivos para mujeres”.
A lo siguiente respondemos con una estadística de México Evalúa: Una revisión al directorio de servidores públicos de la SCJN, arrojó que solamente 33% de las personas titulares de las coordinaciones de las secretarías de estudio y cuenta son mujeres.
Los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021 (CNIJF), arrojan que, a pesar de que las mujeres representan el 51% del personal de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el personal femenino en los puestos con los salarios más altos (más de 70 mil pesos) en estos órganos solamente alcanza el 40%. Y, aunque representan el 50% del personal total del PJF –incluyendo órganos jurisdiccionales y unidades administrativas–, ellas sólo representan el 44% de los mandos superiores (México Evalúa, 2022).
Con lo que, se observa un buen porcentaje de mujeres trabajando en el Poder Judicial, y los alcances han sido considerables de cara a las mismas exigencias sociales, culturales, jurídicas y políticas necesarias en el México actual, pero sigue existiendo la brecha de desigualdad para tener los cargos mejor pagados o con mayor jerarquía dentro del mismo, las acciones mencionadas por Usted aún son insuficientes, pues la brecha sigue siendo muy grande.
3. Hay un siguiente punto en el Usted focaliza: “con la reforma judicial la Corte quedó fortalecida como tribunal constitucional, enfocado en resolver los asuntos más relevantes para los derechos humanos, y capaz de impactar en la vida de la gente desde la primera sentencia mediante el juicio de amparo”.
Sobre los asuntos más relevantes en materia de derechos humanos, le recordaremos sólo un tema que engloba varias problemáticas, por ser de los más graves: las deudas sobre la desaparición forzada dicen las Naciones Unidas que: “la cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, aunque el 97% se refiere a casos posteriores a 2006. Sólo en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores. La Alta Comisionada y expertos en derechos humanos subrayan la magnitud de la tragedia y la falta crónica de la justicia, pugnando por poner fin a ese crimen y resarcir los derechos de las víctimas” (ONU, 2022).
Por su parte, el Informe del Comité contra la desaparición forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención menciona:
El Comité resalta su preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. De ellos ninguno ha sido localizado y las investigaciones o sanciones a los responsables no han tenido avances. Esta situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada, el Comité también fue informado sobre los temas de desaparición de migrantes, grupos indígenas, personas de la comunidad LGBT, sin olvidar el tema de la desaparición de mujeres y los feminicidios.
Por tratarse de grupos en situación de vulnerabilidad, ya que Usted menciona que se les ha brindado protección, hablando de un abuso en la prisión preventiva y que hubo 41,000 personas que estaban en la cárcel de manera injusta, resaltado el trabajo de la defensoría pública; sin embargo ese es justo su trabajo, no debería haber personas en la cárcel por tantos años, además hay muchas deudas con cada uno de estos grupos, hablando de la desaparición forzada, el Comité también menciona su preocupación en cuando a la actividad judicial de dichos casos, ya que, “al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”.
Esto aunado a lo que menciona sobre que ha dejado “una justicia federal comprometida con las personas más pobres y vulnerables de nuestro país”, lo cual evidentemente no es así, los pobres siguen siendo más pobres y menos favorecidos en el acceso a la justicia. Las cifras mencionadas reflejan un sistema de impartición de justicia para los grupos vulnerables lleno de impunidad.
Por último recordarle que: México tiene el 91.8% de impunidad a nivel nacional en el sistema de justicia penal, según los Hallazgos, 2021, del sistema de justicia penal de México Evalúa y USAID. Es decir, es “normal” que se viva impunidad en el casi 92% de los casos en la materia y cada uno de los Poderes de la Unión son responsables de estas cifras en la medida de sus atribuciones y facultades.
Cuatro años después, lo que ve la sociedad civil organizada es un Poder Judicial sin autonomía e independencia, sin un presidente de la Judicatura Federal que respalde a sus funcionarios judiciales cuando han sido atacados y amenazados por el titular del Ejecutivo Federal, vemos un poder judicial que ha trabajado estos 4 años con temas que le corresponde porque es su obligación y que no merece ser aplaudido por ser excepcional, pero por lo contrario, si exigimos un Poder Judicial que se comprometa realmente con las personas más vulnerables de México, con todas y todos los mexicanos para que al buscar impartición de justicia no se quede en la impunidad.
México no debería estar manifestándose por una correcta y fluida impartición de justicia, no es un favor que el Estado hace a la sociedad, es un derecho que tenemos y del que debemos gozar como una sociedad libre, independiente y democrática. El Estado de Derecho es una necesidad apremiante.
Atentamente: Mtro. Juan Carlos Pérez Góngora, Presidente de MéxicoJusto.Org, Dr. Genaro Góngora Pimentel, Presidente del Consejo Académico, MéxicoJusto.Org
México Justo, info@mexicojusto.org
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