La intención del presidente López es obvia: capturar al Poder Judicial tal que sus decisiones materializadas en actos y leyes no puedan ser impugnadas, a pesar de ser contrarias a los derechos y libertades individuales y por lo mismo inconstitucionales.
Montesquieu escribió en el Espíritu de las Leyes (1777): “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de éste hace falta que por disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Y añadió: “De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, debido a que el juez sería el legislador. Si se uniese a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza del opresor”.
James Madison, reconocido como uno de los “Padres Fundadores” de los Estados Unidos de América por su papel en la redacción de la Constitución y autor de las primeras diez enmiendas constitucionales conocidas como la “Carta de los Derechos” escribió en el número 47 de El Federalista: “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”.
Louis D. Brandeis, juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, escribió en 1926: “La doctrina de la separación de poderes fue adoptada por la Convención de 1787, no para promover la eficiencia sino para impedir el ejercicio del poder arbitrario. El propósito no era para evitar la fricción, sino por medio de la inevitable fricción incidente a la distribución de los poderes gubernamentales entre tres departamentos, salvar al pueblo de la autocracia”.
Lord Acton señaló en 1877: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Sirva lo anterior para señalar el enorme peligro que representa para la libertad de los mexicanos, todos, la intención del presidente de capturar al Poder Judicial de la Federación. Es claro que no le gustan los contrapesos ni la rendición de cuentas. Ejemplos abundan: sus continuos ataques a los Órganos Constitucionales Autónomos (INE, IFETEL, INAI, Cofece), el debilitamiento y captura de órganos reguladores, los ataques a la prensa, el marcado favoritismo hacia las fuerzas armadas, las acusaciones a jueces que conceden amparos en contra de actos y leyes que violan los derechos individuales, etcétera, son una muestra de su intención de acumular el poder. La última fue su iniciativa, avalada por sus siervos en el Congreso de la Unión, para extender el periodo del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el periodo de los consejeros de este órgano administrativo del Poder Judicial.
En el artículo 73 constitucional que establece las facultades del Congreso de la Unión y en el 89 las del presidente de la República no aparecen nombrar al presidente de la SCJN; ésta es una facultad exclusiva de la propia Corte, tal como lo señala el artículo 97 constitucional, el cual además establece que su encargo durará cuatro años. La intención del presidente López es obvia: capturar al Poder Judicial tal que sus decisiones materializadas en actos y leyes no puedan ser impugnadas, a pesar de ser contrarias a los derechos y libertades individuales y por lo mismo inconstitucionales.
Una de las funciones del poder judicial, si no es que la más importante, es proteger los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros que los violenten, incluidos los actos de gobierno. Y que quede muy claro: si el presidente captura a la Corte y al poder judicial en su conjunto no habrá quien defienda nuestra libertad y nuestro patrimonio frente a la tiranía.
*Artículo publicado originalmente en El Economista
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