Ciudad de México, 24 de febrero de 2021

Por: Juan García Heredia
*Distribución ilícita es peligrosa para la población
*Urgen medidas más eficaces contra ese problema
*Hay afectaciones serias para Petróleos Mexicanos
Urgen en México medidas más efectivas de inteligencia y operativos de seguridad contra el robo de gas licuado de petróleo (LP), pues este problema se ha incrementado en años recientes con afectaciones «más serias» para Petróleos Mexicanos (Pemex), la sociedad y el Estado.
Lo anterior es según informes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), la cual detalló que el mercado negro de gas LP se ha convertido en una actividad muy rentable para diversas agrupaciones que operan al margen de la ley, cuyas zonas de influencia se extienden principalmente en Veracruz, estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas.
Expuso que son dos los problemas principales:
«1) El origen del problema es el robo continuo y creciente a los ductos de Pemex (Petróleos Mexicanos), lo que impacta negativamente a la empresa del Estado y con ello al patrimonio de todos los mexicanos.
«2) Consecuencia del problema anterior, es la distribución ilícita del gas robado mediante instalaciones, personas y equipos de reparto que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad de operaciones y de protección al consumidor final que establece la ley y que son fundamentales para poder garantizar la seguridad del 80% de los hogares mexicanos y de cientos de miles de empresas que consumen gas LP».
«Los datos disponibles, señalan que en 2019 se registraron 13,136 tomas clandestinas, y se estima que equivale a 58,000 toneladas robadas por mes, con un valor de mercado de 13,224 millones de pesos al año. Estas cifras se incrementaron para el año 2020 a 23,323 tomas clandestinas con un estimado de 102,950 toneladas robadas por mes, con un valor de mercado de 30,168 millones de pesos al año. Este incremento tan fuerte se explica por el desafortunado crecimiento del 77% del número de tomas clandestinas del 2020 y por el incremento de los precios internacionales de los energéticos este año», se indica en un comunicado de la Amexgas.
De acuerdo con la asociación, el robo de combustibles se ha padecido durante las últimas dos décadas; sin embargo, durante varios años se mantuvo acotado en un volumen menor, que permitió contener el daño ocasionado al Estado mexicano y la sociedad en su conjunto.
«Para el periodo comprendido entre 2012-2018, las tomas clandestinas del ducto principal de Pemex se incrementaron 750%, acumulando 41,316 tomas a lo largo del sexenio.
Tan solo en los últimos tres años acumulan 49,040 tomas clandestinas, lo que representa el 59% de todas las tomas acumuladas en los últimos 20 años», resalta la información.
Esta situación, asegura Amexgas, provocó que el año pasado el ducto estuvo fuera de operación 140 días, es decir el 38% del año, con los costos de mantenimiento, el riesgo y el impacto en generar posibles desabastos para la población. «Para completar la cadena del robo de gas, se han formado agrupaciones y pseudosindicatos que pretenden mediante acciones violentas controlar las zonas de reparto».
En base a datos de la agrupación, el creciente robo y distribución ilícita del gas LP ocasiona grandes pérdidas para Pemex, para el Estado mexicano, para la recaudación de impuestos y los trabajadores; también impacta en el empleo formal, en las empresas formales que se dedican a la distribución, se frenan nuevas inversiones en el sector energético, pero principalmente pierde la sociedad mexicana, al verse rebasada por la delincuencia y exponerla a inminentes accidentes de graves consecuencias y a pagar todos los costos implícitos de este entorno.
El robo a Pemex ocasiona un desfalco económico de gran magnitud, cuyos recursos podrían atender importantes necesidades de impacto social en el país; sin embargo, el daño que ocasiona
la distribución ilícita a la sociedad, está causando un impacto aun mayor al provocar inseguridad para la población, riesgo de accidentes, amenazas, extorsión, lesiones, control de rutas, al igual que tratan de eliminar la libre competencia al pretender fijar precios altos para el consumidor en rutas “protegidas”, la falta de certeza jurídica, desinversión en infraestructura indispensable para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo, puntualizó la Amexgas mediante su comunicado.
Planteó que garantizar el abasto energético debe ser una prioridad para toda la sociedad, mucho más, tratándose de un producto de primera necesidad como lo es el gas LP.
«Consideramos prioritario y urgente implementar acciones efectivas, de inteligencia y operativos de seguridad que permitan reestablecer el estado de derecho, recuperar la certeza jurídica y brindarle a la sociedad un entorno de estabilidad y seguridad», subrayó la Amexgas.
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