julio 15, 2024

EMPREFINANZAS

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Independencia judicial

Isaac Katz

La decisión que tomó la SCJN de no declarar la inconstitucionalidad de la consulta ciudadana solicitada por el presidente de la República pone en duda la independencia del poder judicial.

Un íntegro estado de derecho va mucho más allá del simple cumplimiento de las leyes. Para poder evaluar si en un país rige el estado de derecho es necesario considerar cuatro elementos: a) una eficiente definición de los derechos privados de propiedad que incluye el derecho a la posesión de bienes, el derecho a la libre utilización de éstos mientras en el ejercicio de esta libertad no se atente contra los derechos de terceros y la libre transferencia de los derechos de propiedad sobre un bien o recurso; b) la igualdad de oportunidades de acceso en mercados competitivos; c) que el gobierno no puede violar la esfera privada excepto para hacer que las leyes se cumplan; y, d) la existencia de un poder judicial independiente e imparcial.

El poder judicial tiene como funciones principales garantizar y proteger los derechos privados de propiedad, garantizar el cumplimiento de los contratos entre particulares y entre éstos y el gobierno y proteger a los agentes económicos en contra de actos de terceros, incluido el propio gobierno, que vulnere los derechos de propiedad.

Para que el poder judicial cumpla de manera eficiente y expedita estas tres funciones se requiere que éste sea efectivamente independiente de los otros dos poderes del Estado (ejecutivo y legislativo) y que en sus juicios prevalezca la imparcialidad es decir, el juzgador no puede tener ningún interés particular hacia alguna de las partes en el asunto que esté atendiendo.

Cuando los agentes económicos privados no tienen la certeza de que sus derechos de propiedad están eficientemente garantizados y protegidos y, más aún, se pone en duda la imparcialidad del poder judicial, se dan al menos dos efectos negativos. El primero es una asignación de recursos productivos socialmente ineficiente; nadie entra en un contrato a menos que sepa que la contraparte es “moralmente responsable” (no se lo va a transar) aunque no sea el mejor proveedor o cliente. El segundo es que la incertidumbre respecto de la garantía e imparcialidad judicial desincentiva la inversión al incluirse, ex ante, un factor adicional de riesgo sobre el rendimiento esperado. Ambos efectos derivan en un menor nivel del valor agregado respecto del potencial y en un menor crecimiento económico, afectando con ello el nivel de desarrollo y bienestar de la sociedad.

Si la independencia e imparcialidad del poder judicial es un elemento crucial para incentivar la asignación eficiente de recursos entre particulares así como generar las condiciones para incentivar la inversión, ésta adquiere mayor relevancia cuando se trata de actos del gobierno. Un gobierno que efectivamente tenga como objetivo que el país se desarrolle y que el bienestar de la generalidad de la población esté en una senda de crecimiento sostenido tiene, entre otras cosas, que garantizar que sus acciones no vulneraran los derechos privados de propiedad y que se ajustará a lo que establezcan las leyes vigentes es decir, garantizará la certeza jurídica como elemento indispensable para incentivar una asignación eficiente de recursos y la inversión. Si los poderes ejecutivo y/o legislativo tratan de cambiar arbitrariamente las reglas del juego, leyes y reglamentos, es función del poder judicial proteger a los actores privados de esos actos que vulneren los derechos privados.

La decisión que tomó la SCJN de no declarar la inconstitucionalidad de la consulta ciudadana solicitada por el presidente de la República pone en duda la independencia del poder judicial y, en consecuencia, surge la pregunta de cómo actuarán los juzgadores cuando haya una controversia que involucre actos de gobierno que atenten contra los derechos privados. La decisión alimentará la incertidumbre jurídica y el costo será menor inversión y crecimiento.

*Artículo publicado originalmente en El Economista

• Derechos de propiedad • Estado de derecho • “4ta transformación”