El peligro al que nos enfrentamos es que todos los avances que hemos logrado contra el sistema político – económico que ha premiado la búsqueda y apropiación de rentas, en lugar de profundizarlos, se destruyan con el afán de regresar al México rentista del siglo pasado.
Como apunté la semana pasada, uno de los principales elementos que han inhibido un proceso sostenido de desarrollo económico es que históricamente no hemos tenido un arreglo institucional del cual se deriven los incentivos para tener un proceso sostenido de crecimiento económico incluyente. Por el contrario, nos hemos desenvuelto bajo un sistema político – económico que ha premiado la búsqueda y apropiación de rentas.
Sin irnos muy atrás en la historia económica de México, resalta que desde la década de los treinta y hasta la de los noventa del siglo XX el sistema económico se caracterizó por un sistema político hegemónico sustentado en el apoyo por parte de diversos grupos a cambio de prebendas económicas, es decir rentas. El sistema corporativista apoyado en los tres grandes sectores formales del PRI y el apoyo empresarial comprado con subsidios fiscales, financieros, en el precio de los energéticos complementado con esquemas de protección comercial, dio como resultado un proceso de desarrollo notoriamente inequitativo.
El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones a finales de la década de los sesenta y la inestabilidad y crisis macroeconómica durante la década de los setenta y la “década perdida” que le siguió, obligó a un cambio estructural que incluyó un proceso de construcción institucional con un objetivo: eliminar el sistema rentista y lograr un proceso de desarrollo incluyente.
Este inició con la adhesión en 1986 de México al Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (antecesor de la OMC), lo que obligó a sustituir permisos previos de importación por aranceles, eliminando con ello uno de los elementos de apropiación de rentas por parte de quienes en el gobierno estaban encargados de administrar el entramado proteccionista. La apertura comercial profundizada con la significativa reducción de aranceles en 1988, coronada con el TLCAN y otros acuerdos de libre comercio que establecieron reglas claras para el comercio y la inversión, además de incentivar las ventajas comparativas de las cuales gozaba la economía (sectorial y regionalmente), tuvo el efecto de empezar a minar el arreglo corporativista creado cinco décadas antes, proceso que derivó en la institucionalización de un sistema político democrático en 1997 y la creación de una institución, el IFE (ahora INE), encargado de salvaguardarlo.
La apertura comercial unilateral fue acompañada de la creación de dos instituciones: la Comisión de Competencia Económica y la Comisión Federal de Telecomunicaciones con el objetivo de propiciar mercados donde privara la competencia y eliminara prácticas anticompetitivas que, a costa del bienestar de los consumidores, implicaba una apropiación de rentas. A ambas instituciones, ahora COFECE e IFETEL, se les dotó en 2013 de autonomía con la reforma constitucional del artículo 28 constitucional. Con el mismo fin de promover la competencia, pero enfocado al mercado energético, se crearon también en 2013 la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Otros tres cambios institucionales que vale la pena resaltar son primero, la reforma constitucional de 1993 que dotó de autonomía al Banco de México estableciendo como su objetivo procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda; segundo, las reformas de 1994 que fortalecieron la independencia del Poder Judicial de la Federación; y tercero, la creación en 2015 del Sistema Nacional Anticorrupción.
Todos estos cambios institucionales han tenido como objetivo lograr un proceso de desarrollo sostenido e incluyente. Sin duda ha habido avances pero aún falta mucho por lograr dado que siguen existiendo elementos que siguen promoviendo la búsqueda de rentas como son las regulaciones excesivas e ineficientes y el capitalismo de compadrazgo. El peligro al que nos enfrentamos es que todos estos logros, en lugar de profundizarlos, se destruyan con el afán de regresar al México rentista del siglo pasado.
*Artículo publicado originalmente en El Economista
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