Un aspecto clave para determinar el éxito de un país, medido por el nivel de ingreso y una relativa equidad en la distribución de la riqueza radica en cómo esté diseñado el arreglo institucional.
En el artículo de la semana pasada escribí una muy apretada reseña de algunos episodios de la historia de México durante los 188 años que ha vivido la tortuga Jonathan. Algo que me quedó claro: pocos mexicanos conocen la historia de su país y, peor aún, no les importa. Va un segundo intento con otro enfoque, el de la importancia de las instituciones para el desarrollo.
Un aspecto clave para determinar el éxito de un país, medido por el nivel de ingreso y una relativa equidad en la distribución de la riqueza radica en cómo esté diseñado el arreglo institucional, entendiendo éste como las reglas formales (el marco legal) y las reglas informales (usos y costumbres) bajo los cuales los diferentes agentes económicos (individuos y familias, empresas, sindicatos y gobierno) interactúan entre sí. Un arreglo en el cual los derechos privados de propiedad estén eficientemente definidos, estos sean efectivamente garantizados y protegidos por un poder judicial independiente e imparcial, en un contexto de igualdad de oportunidades de acceso a los diferentes mercados (bienes, servicios y factores de la producción) y con un accionar del gobierno enfocado a corregir las fallas de mercado (bienes públicos, externalidades, prácticas monopólicas y de información asimétrica que generen un riesgo moral) tenderá a ser un país con altos niveles de desarrollo y de bienestar individual y social.
A casi un año de alcanzar el bicentenario de la consumación de la independencia, México es un país que no ha logrado alcanzar altos niveles de desarrollo económico, como lo muestra que se sitúa en el lugar 74 de entre 188 países en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU, con casi la mitad de la población en una situación de pobreza (que este año se disparará a 90 millones de habitantes), coexistiendo además municipios que tienen un nivel de desarrollo similares a los países más desarrollados del orbe con otros que tienen un nivel similar a algunos países del Sub – Sahara.
Obviamente hay muchos elementos que entran en juego para explicar el relativamente bajo nivel de desarrollo que tiene México, los altos niveles de pobreza y la notoria inequidad pero uno que resalta es no haber tenido en estos casi 200 años un arreglo institucional que condujera a un desarrollo elevado e incluyente y sí, por el contrario, uno que ha premiado la búsqueda y apropiación de rentas.
Como señalé en el artículo pasado, durante las primeras cuatro décadas de vida independiente se caracterizaron por la inestabilidad política y la debilidad de la hacienda pública por lo que no se pudo consolidar un arreglo institucional conducente al desarrollo económico. Un intento frustrado fue la Constitución liberal de 1857 que aunque permitió durante el porfiriato el inicio de la modernización económica del país, claramente no fue un proceso incluyente. La guerra civil que siguió al asesinato de Madero además de la destrucción de factores de la producción, también destruyó las instituciones del país. La Constitución de 1917 trató de reconstruir el arreglo institucional pero con una falla de origen: no definió eficientemente los derechos privados de propiedad y menos aún la garantía de su inviolabilidad.
El despegue de la economía después de la Segunda Guerra Mundial se basó en el control y apoyo político a cambio de rentas a actores particulares: líderes campesinos y sindicales, la burocracia federal y empresarios favorecidos por subsidios y la protección comercial; nuevamente, un proceso no incluyente. La crisis macroeconómica de la “docena trágica” y la década perdida que le siguió dieron lugar a un proceso de cambio estructural y de creación de instituciones políticas y económicas. Los resultados han sido mixtos; en el próximo artículo las analizo.
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