Pensiones (I)

Isaac Katz

Que el monto de la jubilación al momento de retiro vaya a ser el equivalente a aproximadamente el 30% del último sueldo del trabajador, no es en sí un perjuicio sino el reflejo de un problema original de diseño.

Vuelve a la palestra el tema de las pensiones. El presidente afirmó que la reforma “neoliberal” de 1997 que instituyó el sistema de cuentas individuales de retiro administradas por las Afores perjudicó a los trabajadores y que habría que hacer una profunda reforma sin mencionar a qué se refería con tal reforma. Uno podría suponer que el supuesto “perjuicio” sería que el monto de la jubilación al momento de retiro sería el equivalente a aproximadamente el 30% del último sueldo del trabajador. Esto no es en sí un perjuicio sino el reflejo de un problema original de diseño.

La reforma de 1997 reconoció un hecho innegable: la dinámica demográfica que implica un envejeciendo paulatino de la población hacía insostenible financieramente el sistema de beneficios definidos el cual se financiaba con las aportaciones a un fondo general constituido por quienes estaban trabajando en empresas formalmente constituidas y por las empresas en las cuales laboraban, fondo administrado por el IMSS. El envejecimiento de la población implicaba que para mantenerlo se requerirían aportaciones crecientes por parte del gobierno, imponiendo fuertes presiones sobre las finanzas públicas. La reforma de 1997 implicó el paso de un sistema de beneficios definidos a uno de contribuciones definidas y, más importante aún, definió los derechos privados de propiedad de cada trabajador sobre los recursos para su jubilación.

El que los recursos para el retiro de los trabajadores sean administrados por las Afores no ha implicado ningún perjuicio para los trabajadores. Vale la pena resaltar que del saldo total de cuatro billones de pesos que el conjunto de trabajadores mantienen en las diferentes Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefores) 1.92 billones de pesos (el 47%) son los rendimientos históricos generados por los diferentes instrumentos financieros, gubernamentales y privados, en los cuales los recursos son invertidos.

El problema del bajo monto de la pensión como porcentaje del último sueldo (lo que se conoce como la tasa de remplazo) es, como mencioné, uno de diseño original: el reducido monto de las aportaciones que las empresas contratantes, los propios trabajadores y el gobierno hacen a la cuenta de cada trabajador y que asciende en conjunto al 6.5% del salario base de cotización del trabajador. Esta baja contribución a las cuentas individuales es lo que deriva en que la pensión vaya a ser el 30% del último sueldo al momento de la jubilación. De ahí que para aumentar la tasa de remplazo a un nivel de alrededor de 70% sea indispensable un incremento en las contribuciones a la cuenta de cada trabajador, llevándolas al 12% del salario de cotización.

La carga actual sobre las empresas derivada de las contribuciones que hacen al sistema de seguridad social (IMSS, Infonavit y SAR) es aproximadamente del 30% del salario pagado a los trabajadores (de cada peso bruto pagado al trabajador a la empresa le cuesta $1.30) y actúan como un impuesto implícito al empleo de mano de obra. Pedir que las empresas aumenten su contribución a las cuentas individuales de retiro es imposible ya que tendría un efecto perverso sobre el empleo formal.

Una solución es que lo que las empresas aportan a las cuentas individuales del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores administradas por el Infonavit y que representan el 5% del salario del trabajador sean trasladadas a las cuentas de retiro; con esto se lograría que la tasa de remplazo pase del 30 al 70%. Además, es indispensable promover, con incentivos fiscales, el ahorro voluntario para el retiro induciendo el ahorro de largo plazo por parte de los individuos.

Otro problema, tema del siguiente artículo, es la regulación de los mercados y el sector informal.

*Artículo publicado originalmente en El Economista

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