El punto sobre la i

Arturo Damm

Los dos enemigos del pueblo son los criminales y el gobierno. Atemos al segundo con las cadenas de la Constitución para que no se convierta en la versión legalizada del primero.

Thomas Jefferson

Entendiendo por enemigos de la gente a quienes violan derechos. A quienes matan, violando el derecho a la vida. A quienes secuestran, violando el derecho a la libertad individual. A quienes roban, violando el derecho a la propiedad privada. A quienes no cumplen su palabra, violando derechos contractuales.

Violan derechos los delincuentes. Los asesinos. Los secuestradores. Los ladrones. Sus conductas deben prohibirse y, de fallar la prohibición, castigarse. Para ello debe haber alguien que las prohíba y castigue. Debe haber un poder legislativo que, por medio de las leyes, las prohíba. Debe haber un poder judicial que, de acuerdo con las leyes, las castigue. Debe haber gobierno, cuyos principales poderes, mucho antes que el ejecutivo, son el legislativo, encargado de hacer las leyes, y el judicial, encargado de hacerlas valer, que es tanto como hacer valer los derechos de la gente. Volver realidad el Estado de Derecho.

El gran reto, ¡la historia nos lo muestra a cada paso!, es evitar que el gobierno, cuya tarea esencial es garantizar el respeto a los derechos de las personas, no termine siendo el que los viole. Para evitar esa corrupción se inventaron las constituciones. Precisamente a lo que se refiere Jefferson. Atemos a los gobernantes con las cadenas de la Constitución. El problema es que, de no querer los gobernantes atarse ellos mismos con las cadenas de la Constitución, la Constitución, por sí misma, es incapaz de atarlos. Las leyes hechas por los seres humanos, comenzando por las constituciones, no se imponen por sí mismas. Se respetan y se cumplen si los gobernantes deciden cumplirlas y respetarlas, y esa decisión es, antes que de otro tipo (por ejemplo, legal) ética. Estrictamente hablando el poder del gobernante no se limita, se autolimita. El problema es que ese poder tiende a la dirección contraria, a la extralimitación, sobre todo cuando se han debilitado o desaparecido las resistencias éticas del gobernante, lo cual, por la naturaleza misma de la mayoría de los políticos, sucede a menudo.

No basta, ¡y nuevamente la historia nos lo muestra una y otra vez!, con que el gobernante, a la hora de asumir el poder, se comprometa a cumplir y hacer cumplir la Constitución, misma que, en última instancia, puede ser modificada para que la reformada le permita hacer al gobernante lo que la original le prohibía. En última instancia puede convocarse un Congreso Constituyente que escriba una nueva Constitución, en los términos que le convienen al gobernante.

Cualquier político cree tener el derecho de limitar la libertad individual y la propiedad privada de los ciudadanos como crea más conveniente, muchas veces en función de ocurrencias arbitrarias. Cuando las limita para algo más que garantizar los derechos de todos no ejerce un derecho sino solo un poder, y poder que se ejerce sin el derecho para ejercerlo es tiranía, por más que, por la degeneración de las leyes, pueda ser legal.

Lo importante no son las constituciones, que pueden degenerar y, en vez de ponerle frenos al poder gubernamental, quitárselos. Tampoco lo son las leyes, que también pueden degenerar y, en vez de hacer valer los justicia, dar pie a injusticias. Ni las constituciones, ni las leyes, se imponen por sí mismas. Su respeto y su cumplimiento dependen, en primer lugar, de la decisión del gobernante de cumplirlas y respetarlas y, de no ser el caso, de instituciones capaces de obligarlo a ello y de castigarlo si no lo hace, instituciones que deben ser gubernamentales, de tal manera que se trata de una parte del gobierno limitando a otra parte del gobierno. Si al final de cuentas todo es gobierno, ¿qué tan eficaz puede ser esa limitación? Todo dependerá de las resistencias éticas de quienes deban ejercer esos poderes.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.