EL PUNTO SOBRE LA I

Arturo Damm

“Usar la coerción para impulsar la caridad es como usar el secuestro para crear amor.”

Stefan Molyneux

¿Quién usa la coerción para impulsar la caridad? El Estado Benefactor y su agente, el gobierno redistribuidor. ¿Cómo la usa? Redistribuyendo el ingreso, es decir, quitándole a A, lo que es producto de su trabajo, para darle a B, lo que no es producto del suyo. ¿Qué “justifica” la redistribución del ingreso? Las necesidades insatisfechas de B.

Escribí justifica entre comillas porque eso, las necesidades insatisfechas de B, o de C, o de D, o de E, o de F, o de quien sea, no justifica que el gobierno obligue a A a satisfacerlas y eso, obligar a A a satisfacer las necesidades insatisfechas de B, es lo que hace el gobierno al redistribuir el ingreso de A hacia B.  El gobierno no obliga a A directamente, pero sí indirectamente, por intermediación suya, y lo que importa no es la manera de hacerlo, directa o indirectamente, sino lo que se hace, obligar a ayudar, ayuda que debe ser voluntaria, nunca impuesta por la fuerza, por más que B tenga necesidades insatisfechas, por más que esas necesidades puedan ser básicas, siendo tales aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la salud y la vida de la persona.

¿Se justifica que B, con necesidades insatisfechas, obligue directamente a A a satisfacerlas, amenazándolo con algún castigo si no lo hace? Por ejemplo: ¿se justifica que B le robe a A parte de sus satisfactores para con ellos satisfacer sus necesidades? No ¿Entonces cómo justificar que el gobierno, en nombre de B (aquí se incorporan al discurso redistribuidor entelequias tales como el bien común, la justicia social, etc.), obligue indirectamente a A a satisfacerlas, amenazándolo con algún castigo si no lo hace? ¿Cómo lo obliga? Cobrándole impuestos con fines redistributivos. ¿De qué manera lo amenaza? Con el castigo al que se haría acreedor si no cumple en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias, castigo que puede ir desde un recargo hasta la cárcel, sin olvidar la confiscación de bienes.

¿No ha que ayudar al necesitado? Sí, por supuesto, pero una cosa es ayudarlo voluntariamente y otra, esencialmente distinta, que te obliguen a ayudarlo. El Estado, sus leyes y sus gobiernos deben prohibir hacerles daño a los demás, y castigar a quienes lo hagan, pero no deben, ni directa ni indirectamente, obligar a hacerles el bien a los demás. Esto último, por más que los demás tengan necesidades insatisfechas, debe dejarse a la libre decisión de cada quien, algo que el Estado benefactor niega, algo que el gobierno redistribuidor impide.

Y si a la ayuda voluntaria vamos, ¿cuántas veces estaremos dispuestos a dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, curar al enfermo, vestir al desnudo, educar al ignorante, dar techo al sin techo, etc., etc.? ¿Cuantas veces sea necesario? La respuesta depende de cada quien, ¿pero hay alguien dispuesto a hacerlo siempre, de tal manera que asuma una responsabilidad que, de manera titular, le corresponde a otro, siendo ese otro la persona necesitada? Y si alguien está dispuesto a hacerlo siempre, ¿qué tipo de incentivos genera en la persona que recibe su ayuda cuantas veces la necesite? ¿Qué tipo de riesgo moral genera tal conducta?

Pues eso, ayudar a los necesitados cuantas veces lo necesitan, es lo que pretende el Estado Benefactor y su agente, el gobierno redistribuidor, cobrando impuestos con fines redistributivos y destinándolos, por la vía del gasto social, a la satisfacción de las necesidades de los más necesitados, obligando a A a ayudar a B, debiendo criticarse, no la ayuda, sino la obligación, algo que la gran mayoría de los políticos no acepta, sobre todo en estos tiempos, que vienen ya de lejos, en los cuales gobernar es sinónimo de redistribuir. Basta revisar los presupuestos de egresos de los gobiernos.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.