Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026
Agustín Vargas *
Pagos digitales y fiscalización
Ley de Economía Digital, el vehículo
Limita uso de efectivo y acelera formalización
Salarios, menos carga fiscal
Licitación amañada en vales de la CDMX
A partir de 2027, prácticamente todas las actividades y sectores económicos del país deberán orbitar ya bajo la nueva Ley de Economía Digital, la cual busca, entre otros objetivos, reducir uso de efectivo y acelerar la formalización.
Otro de los objetivos centrales de la nueva legislación, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que los pequeños comercios y prestadores de servicios puedan recibir pagos electrónicos sin necesidad de incorporar sistemas complejos.
De acuerdo con las cifras oficiales, 85% de las operaciones menores a 500 pesos en México todavía se realizan en efectivo y el 86% de los micronegocios cobran bajo esa modalidad.
El Gobierno Federal, en coordinación con el Banco de México, contempla como escenario inicial alcanzar una adopción de pagos digitales de 50% durante el primer año. La digitalización también tiene un efecto sobre los trámites y la relación de las personas con el gobierno.
Según se ha comentado en los círculos financieros, la reducción del uso de efectivo puede contribuir a la seguridad, la eficiencia y la formalización económica, debido a que las operaciones realizadas mediante una cuenta bancaria generan un registro de los movimientos.
De acuerdo con la disposiciones de la nueva ley, las instituciones financieras tienen como fecha límite diciembre de este año para implementar las capacidades relacionadas con el esquema, aunque algunas han anticipado que estarán listas antes de El Buen Fin, o sea antes del próximo 13 de noviembre. Más aún, el gobierno prevé que durante la primera quincena de noviembre pueda comenzar a generalizarse el cobro mediante CoDi en comercios.
Mediante la entrada en vigor de la Ley de Economía Digital el Gobierno Federal busca acelerar los pagos electrónicos, ampliar la bancarización y avanzar en la formalización de actividades económicas en todo el país, lo que ha sido considerado también como una forma de fiscalización.
Esto último, sobre todo, es algo que durante décadas las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han podido detener, por el contrario, la informalidad ha ido en aumento ante la precariedad de la economía y de los empleos formales en todo el país.
Salarios, menos carga fiscal
A propósito de salarios y ante la inminente revisión anual de las mini percepciones en el país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que preside Octavio de la Torre de Stéffano, hizo un llamado a las autoridades federales para reducir las cargas al empleo formal para que mejores salarios sean sostenibles.
Según el líder de los comerciantes organizados del país, el aumento salarial para 2027 (se estima sea de 10% a 12%), también eleva las contribuciones vinculadas a la nómina, por ello propuso revisar impuestos, cuotas, derechos y costos de cumplimiento, con una agenda conjunta con las Secretarías del Trabajo, Hacienda e IMSS.
De acuerdo con datos del propio organismo patronal, alrededor de 33.1 millones de personas trabajaban en la informalidad en el segundo trimestre de 2026, y 82.5% del aumento anual de la ocupación correspondió a empleos informales. Con el mismo salario semanal, pasar de 48 a 46 horas elevará 4.35% el costo por hora en 2027, y el ajuste acumulado llegará a 20% en 2030.
La agenda que propone De la Torre para la revisión salarial 2027, deberá incluir estímulos al impuesto sobre nómina, apoyos temporales y verificables a nuevas contrataciones. Mecanismos focalizados para facilitar la seguridad social, con financiamiento definido y sin reducir prestaciones; revisión de derechos y costos administrativos.
Asimismo, capacitación, digitalización y financiamiento; reglas de cumplimiento proporcionales a las capacidades de los pequeños negocios; acuerdos con responsables, plazos y resultados verificables en reducción de cargas, productividad y empleo formal, además de la evaluación de los efectos de la transición sobre ingresos, descanso, cobertura de servicios y viabilidad empresarial.
La discusión del salario mínimo 2027 debe incorporar el costo completo de generar empleo formal y se acompañe de medidas para reducir las cargas fiscales y administrativas de los negocios familiares. La recuperación del poder adquisitivo y la reducción de la jornada requieren condiciones que permitan conservar empleos, ampliar la seguridad social y mantener abiertos los establecimientos, enfatizó de la Torre de Stéffano.
Concanaco Servytur participa en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), como parte de la representación patronal, y representa por ley al comercio, los servicios y el turismo, que concentran la mayor parte del empleo nacional. Con 2 millones de afiliados, su base sectorial suma 5.2 millones de empresas y negocios familiares.
Licitación amañada en vales de papel de la CDMX
Hoy se anunciará que empresa ganó el contrato para emitir y administrar los vales de papel que, con un valor total de 4 mil 100 millones de pesos, serán repartidos entre los trabajadores y empleados del Gobierno de la Ciudad de México, como recompensas de fin de año.
Las empresas que participan en este mercado de vales hacen un llamado a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que no permita que se repita una licitación amañada y tendenciosa para beneficiar a Broxel, tal y como sucedió el año pasado, cuando incluso causó una investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción.
El favoritismo tiene su origen en la amistad que sostienen el secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo De Bottom, y el accionista mayoritario de Broxel, Gustavo Gutiérrez Galindo, quienes públicamente se exhiben jugando golf y convivir muy gustosamente en festejos y eventos de la empresa.
Y el operador asignado para aplicar las irregularidades ha sido José Méndez Noyola, director de normatividad y planeación, quien se ha reunido en privado con directivos de Broxel, sobre todo con Miguel Serrano, durante el proceso de la licitación, para apoyarlos en la tramitología y resolver sus fallas en la presentación de los requisitos para participar legalmente, además de asesorarlos para solventar el hecho de que no tienen la antigüedad y experiencia solicitada para operar en el mercado de vales de despensa de papel.
Grave riesgo para Clara Brugada porque habría impugnaciones y acusaciones de corruptelas en su gobierno, y con eso del tema INE – Taddei el horno no está para bollos.
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