“LOS MEXICANOS NO SON CORRUPTOS POR NATURALEZA. LOS ALTOS PORCENTAJES DE CORRUPCIÓN SON RESULTADOS DE UN ENTORNO LEGAL QUE LA PROPICIA.”
Los mexicanos no son corruptos por naturaleza. Los altos porcentajes de corrupción son resultados de un entorno legal que la propicia. En México es más fácil y productivo ser corrupto que honesto. Los corruptos ganan, los honestos pierden. El lema “el que no tranza no avanza” lo hace realidad un entorno lleno de reglamentaciones y leyes confusas, con un alto grado de discrecionalidad, que deja en manos de los funcionarios el poder abrir una empresa, construir, cambiar de giro, vender, comprar y contratar.
En cuanto a la impartición de justicia, el pobre por cualquier acusación va a la cárcel, pero si tiene para pagar un buen abogado, puede librarla aunque haya robado millones.
No todos los funcionarios son corruptos, los hay honestos, pero generalmente no son reconocidos y ponen en riesgo su trabajo si no cooperan con las tranzas y excesos de sus superiores. Hay empresarios que han hecho sus fortunas asociados con funcionarios corruptos para lavarles dinero, venderles empresas y mercancías a sobreprecios o comprar terrenos y activos del gobierno por debajo de su costo. Otros empresarios son honestos, pero tienen que ceder ante chantajes de clausura o multas excesivas, que les provocan grandes pérdidas o la quiebra, si no entregan dinero a los funcionarios corruptos, respaldados por leyes y reglamentos interpretados “a modo”.
En México hay más corrupción que en Japón por sus altos grados de impunidad. En Japón más del 95% de quienes cometen un delito lo pagan con cárcel o multas, en México más del 95% quedan impunes, no enfrentan cargos ni penas por sus delitos.
Para combatir estructuralmente la corrupción se debe reducir la sobre reglamentación y las leyes discrecionales, para disminuir las fuentes legales de chantaje a los ciudadanos. Aumentar la transparencia en el uso de los impuestos, principalmente en los Estados, y darle competencia a la Auditoria Superior de la Federación para que consigne a corruptos directamente a jueces del poder judicial, y no solo entregue las denuncias a procuradurías y fiscalías en manos de las mismas autoridades involucradas en los delitos.
Sin cambios estructurales en leyes, en la rendición de cuentas y el combate a la impunidad, es difícil reducir un saqueo de las arcas públicas no visto antes en México.
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