Ciudad de México, abril de 2026.
El gobierno de México activó la obligatoriedad de la Plataforma Única de Identidad (PUI), un sistema que ahora exige a empresas conectar sus bases de datos para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas.
El plazo para cumplir venció el 31 de marzo de 2026 y las empresas que no se integren podrán enfrentar multas de entre $1.1 y $2.3 millones de pesos. La entrada en vigor de la Plataforma Única de Identidad (PUI) está enfrentando a miles de empresas en México a cumplir con una obligación legal que requiere capacidades tecnológicas que gran parte del sector aún no tiene.
Tras la publicación de sus lineamientos el 23 de enero de 2026, las empresas obligadas tuvieron un plazo de 45 días hábiles para integrarse al sistema mediante desarrollos técnicos específicos. El período venció el pasado 31 de marzo, dejando a aquellas organizaciones que no completaron el proceso en condición de incumplimiento.
El impacto es especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el Censo Económico 2024 del INEGI, el 99.8% de las unidades económicas en el país pertenece a este segmento, el cual enfrenta mayores limitaciones técnicas para implementar este tipo de integraciones. Estimaciones de la empresa tecnológica Konfront, apuntan a que hasta el 80% de estas empresas podría estar en riesgo de incumplimiento, con sanciones que oscilan entre $1,173,100 y $2,346,200 pesos.
Sin embargo, el problema no se limita a las multas, la presión por cumplir en tiempo récord está llevando a muchas empresas a tomar decisiones apresuradas sin contar con la preparación técnica necesaria.
“El principal riesgo no es la obligación, sino ejecutarla sin la preparación adecuada. Los tiempos obligan a muchas empresas a exponer sistemas críticos bajo presión, sin pasar por procesos normales de validación de seguridad. Esto puede generar accesos mal configurados, exposición de datos o afectaciones operativas. La diferencia no está en cumplir o no, sino en cómo se implementa, si es con control o con urgencia”, explicó Ariel Szpecht CEO de Fortem Cybersecurity.
Cuando estas decisiones se toman sin una estrategia clara, el impacto puede ir más allá del cumplimiento regulatorio. Errores en la implementación pueden traducirse en exposición de datos sensibles, accesos indebidos a sistemas clave del negocio o incluso afectaciones en la operación diaria.
“El plazo para integrar la PUI ya se venció y muchas empresas siguen entendiendo sobre la marcha lo que implica, pero al intentar resolverlo rápido y sin acompañamiento pueden terminar comprometiendo sistemas clave. Con multas de esta magnitud, hacerlo mal es más caro que no hacerlo; las PyMEs necesitan opciones que reduzcan riesgos, no que los multipliquen.”, señaló Santiago Zabalgoitia, Director de Operaciones en Konfront.
En la práctica, estos errores ya están ocurriendo. “En las últimas semanas hemos visto el mismo patrón, empresas que por la prisa terminan conectando sistemas clave sin filtros, manejando datos que no deberían o dejando accesos abiertos más tiempo del necesario. Aquí es cuando el problema deja de ser cumplir y empieza a volverse algo que puede afectar la operación del negocio y vulnerar sus datos”, añadió Zabalgoitia.
La integración con la PUI está obligando a las empresas a resolver un reto técnico para el que muchas no estaban preparadas y que en la práctica rebasa sus capacidades internas. Contar con especialistas será clave para avanzar con rapidez sin comprometer la seguridad ni la operación del negocio.
Josué MR +52 1 844 306 3382
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