Juan José Sierra Álvareaz
Ciudad de México, 25 de junio de 2025
Redacción.
*La desaparición del Coneval elimina al órgano que dio sustento técnico a los programas sociales más relevantes del país.
*Evaluar la política social exige más que medir cifras; requiere un análisis profundo que ahora está en riesgo.
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al INEGI, representa un grave retroceso en la evaluación técnica, imparcial y especializada de las políticas sociales en México, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De ahí que el presidente del organismo patronal, Juan José Sierra Álvareaz, rechazó esta medida que elimina al único organismo capaz de evaluar, con rigor e independencia, la política social del Estado mexicano. No se trata de una simple reestructuración administrativa; se trata de eliminar al evaluador para evitar cualquier resultado adverso.
Recordó que desde su creación, el Coneval representó un referente técnico nacional e internacional. Sus informes revelaron progresos, pero también errores y retrocesos en los programas sociales. No es casual que haya sido blanco de descalificaciones por parte del gobierno anterior, especialmente cuando en 2021 documentó que 3.8 millones de personas más habían caído en la pobreza.
“Dos años más tarde, celebró una supuesta salida de 9 millones sin mencionar que, para entonces, el Coneval ya había sido debilitado. Hoy, su desaparición completa confirma un patrón: borrar al árbitro que contradice el discurso oficial. Transferir sus funciones al INEGI implica confundir dos tareas distintas”, indicó.
El presidente del sindicato patronal, detalló que el INEGI genera datos con base a conteos, mientras que el Coneval evaluaba políticas públicas lo que le permitió identificar qué programas funcionaban y cuáles no.
“Eliminar esa capacidad técnica abre la puerta a decisiones sin fundamento, basadas en popularidad y no en resultados. Lo que no se evalúa con autonomía, se convierte en propaganda.
Asignar al INEGI un rol de evaluador de políticas públicas también compromete su función esencial como generador autónomo de información. Convertirlo en juez del desempeño gubernamental distorsiona su naturaleza técnica y lo expone a presiones políticas. Involucrarlo en valoraciones sobre políticas públicas lo aleja de su misión original: producir datos objetivos, confiables y con rigor metodológico”, destacó.
Sierra Álvarez, añadió que esa confusión de responsabilidades puede erosionar su credibilidad ante académicos, sectores productivos y organismos internacionales que confían en la imparcialidad y solidez de su trabajo.
Por ello, el líder empresarial, exigió que se conserven íntegramente las metodologías, frecuencias y términos de referencia utilizados hasta ahora. Si los nuevos informes no son comparables, objetivos y transparentes, impedirán cualquier mejoría en la política social y lo denunciaremos públicamente. No aceptaremos simulaciones disfrazadas de evaluaciones. Medir la pobreza no puede convertirse en un acto de fe, ni en un instrumento de campaña.
Además, dijo, el personal técnico del Coneval, con años de experiencia y credibilidad, debe ser incorporado plenamente en esta transición. Ignorar su conocimiento sería condenar al país a una improvisación peligrosa. La evidencia construida durante años debe preservarse y aprovecharse. Todo lo contrario, significaría una pérdida irreparable para el desarrollo social de México.
“La eliminación del Coneval se suma a una ofensiva más amplia contra los organismos autónomos. Hemos advertido que debilitar instituciones autónomas solo sirve para concentrar el poder y silenciar las voces incómodas. No hay justificación técnica ni financiera: su operación representa apenas el 0.05% del presupuesto federal. El costo de desaparecerlo es altísimo en términos de información confiable, legitimidad democrática y bienestar social”, concluyó.
Rouss, +5215545173231

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