Ciudad de México, 18 de agosto de 2025
JUAN GARCÍAHEREDIA
La Ley de Amnistía en Perú, impulsada por la presidenta Dina Boluarte, abre la puerta a que responsables de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y masacres, queden sin sanción.
Lo anterior es según informes de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), la cual en voz del comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifestó su profunda preocupación por promulgación de esa ley el 13 de agosto de 2025.
«Esta norma concede impunidad a militares, policías y miembros de comités de autodefensa acusados o condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), incluyendo la liberación de condenados mayores de 70 años», recalca la agrupación.
Asimismo, puntualiza: «Dicha ley abre la puerta a que responsables de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y masacres como las de Barrios Altos, La Cantuta y Accomarca queden sin sanción, favoreciendo la impunidad y negando el derecho a la justicia de miles de víctimas y sus familias. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, este conflicto dejó más de 20 mil desaparecidos y cerca de 70 mil muertos, un 30 por ciento de ellos a manos de agentes estatales».
Al condenar «enérgicamente» cualquier acción, especialmente desde el propio Gobierno, que debilite el Estado de derecho y contravenga las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la CIDHPDA destacó que este tipo de medidas no solo representa una afrenta a las víctimas y sobrevivientes, sino que también envía un preocupante mensaje de tolerancia frente a crímenes de lesa humanidad, contraviniendo tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
«Reiteramos que todo delito contra los derechos humanos debe ser investigado, juzgado y sancionado, sin excepciones ni beneficios que garanticen impunidad. La aprobación de esta ley constituye un mal precedente para la región y erosiona los avances alcanzados en materia de verdad, justicia y reparación», subrayó el organismo.
Por otra parte, la CIDHPDA externó su solidaridad con las víctimas y respaldó los esfuerzos legales nacionales e internacionales que buscan frenar la aplicación de esta norma. «Las heridas del pasado solo pueden sanar con justicia y memoria, nunca con el olvido impuesto», aseveró la comisión.

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