Armando Zuñiga Salinas, presidente de ASUME
Ciudad de México, 20 de marzo de 2025.
Por: Rosalba Amezcua
*La regulación actual fragmenta al sector, fomenta la informalidad y pone en riesgo la seguridad pública y privada en México.
*La falta de una ley general permite que incluso, el crimen organizado utilice la figura de empresas de seguridad privada como fachada.
Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) hacen un llamado urgente al Congreso de la Unión para corregir las deficiencias estructurales que hoy afectan a la industria de la seguridad privada en el país. Esto, tras la reciente aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados de dos dictámenes sobre seguridad pública que, lejos de resolver el problema de fondo, profundizan la confusión normativa al mantener un diseño de competencias ambiguo y una sobrerregulación insostenible.
Armando Zuñiga Salinas, presidente de ASUME, indicó que la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobada en la Comisión es tibia e inconsistente, ya que subordina a la Federación frente a los Estados, generando duplicidades y contradicciones legales.
De acuerdo con la propuesta, la Federación regula a las empresas que operan en más de una entidad, mientras que los Estados supervisan a las locales, pero, al mismo tiempo, la iniciativa exige a las empresas tramitar autorizaciones federales y luego cumplir con regulaciones estatales que suelen ser excesivas o contradictorias.
«Hoy enfrentamos un marco jurídico obsoleto y fragmentado, con una Ley Federal que ya no responde a la realidad del país, 32 leyes estatales y cientos de reglamentos municipales que se contraponen entre sí. Hemos identificado más de 500 contradicciones que generan incertidumbre jurídica y limitan el desarrollo del sector formal,” dijo.
Recordó que desde hace años, el Congreso mantiene una deuda pendiente: la expedición de la Ley General de Seguridad Privada. Esta omisión ha generado vacíos normativos que fomentan la competencia desleal y dificultan el control efectivo sobre las empresas irregulares.
«Nos preocupa profundamente que esta situación permita que incluso el crimen organizado utilice la figura de empresas de seguridad privada como fachada, al operar sin supervisión ni controles eficaces”, mencionó.
Es de recordar que la seguridad privada es un sector clave para la estabilidad económica y laboral del país. Hoy genera alrededor de 450 mil empleos formales, lo que representa cerca del 2% de los registros del IMSS, y agrupa a más de 8 mil empleadores, creciendo a ritmos superiores a la media nacional y es un sector estratégico que exige certeza jurídica para operar de manera eficaz y responsable.
Por lo que indicó que la solución es clara: expedir una Ley General de Seguridad Privada que unifique criterios, elimine la dispersión normativa y permita establecer una regulación nacional clara, moderna y funcional que elimine requisitos inconstitucionales, como los exámenes de control de confianza, además de que clarifique las competencias entre Federación y Estados, evitando la duplicidad de regulaciones.
Asimismo, una legislación que reconozca la labor coadyuvante de la seguridad privada, sin confundirla con funciones de autoridad pública y diferencie las reglas según los tipos de servicios, considerando la diversidad del sector (seguridad tecnológica, transporte de valores, protección ejecutiva, etc.).
Zuñiga Salinas, añadió que México no puede seguir operando bajo un esquema normativo que incentiva la informalidad y deja sin herramientas a las autoridades para sancionar a quienes incumplen. “Necesitamos una ley moderna y eficaz que fomente la profesionalización, la transparencia y la colaboración con el Estado”, concluyó.
Rouss, +5215545173231
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