Trato discriminatorio y obstáculos a la competencia

Ciudad de México, 23 de agosto de 2021

Diego López, Carlos Serrano, Samuel Vázquez
Análisis Energía

Reglas discriminatorias a favor de Pemex

El pasado 11 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resolvió modificar las Reglas Generales de Comercio Exterior. Entre los cambios, destaca la «Autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado» que restringe a las empresas privadas la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por un punto o puerto distinto al autorizado. Las empresas productivas del Estado son las únicas que pueden recibir autorización para importar desde cualquier punto. Entre las mercancías afectadas por estas medidas, se encuentran los hidrocarburos y productos petrolíferos^[1].

Un mes después, el 19 de julio a través de un comunicado conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía (SENER), se dio a conocer la suspensión de 82 empresas del Padrón de Importadores y Exportadores bajo el argumento de faltas administrativas a los requisitos del mismo, en particular de la regla 1.3.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior sin precisar el motivo causante. El argumento detrás de la decisión es contribuir a los esfuerzos para combatir la evasión y elusión fiscal en la importación de gasolinas; sin embargo no es claro en el comunicado que alguna de las empresas afectadas haya incurrido en esta actividad.

Demanda y precios de energéticos al alza

Las empresas privadas aumentaron su participación en el mercado de importación de petrolíferos alcanzando los 450 mil barriles diarios para el 1T21, representando el 46.24% del mercado de importación. En cambio, Pemex ha reducido su participación pues tenía casi el 100% del mercado antes de la Reforma del 2013. . En este contexto el incremento de precios de la gasolina se puede explicar en parte por el contexto internacional y en parte por la restricción de oferta doméstica.

Los hidrocarburos y productos petrolíferos han mostrado recientemente un alza en precios superiores a la inflación al cierre de julio debido al aumento internacional de la demanda y precios del petróleo crudo resultado de la reactivación gradual de las economías. Para julio de 2020, el precio promedio de la gasolina se encontraba en $18.84/ litro, un año después aumentó en 13% alcanzando los $21.29/litro.

La restricción de oferta tendrá efectos en los costos del insumo para empresas de transporte. En 2020 el medio de transporte carretero representó el 51% de las importaciones y el 64% de las exportaciones y tiene participación en el 83.9% del flujo de mercancías con Estados Unidos (EUA), siendo el medio más utilizado para el comercio de nuestro país. Este mismo efecto de restricción de oferta se observó al inicio de la estrategia contra la venta y extracción ilegal de hidrocarburos en enero 2019, resultando en la insuficiencia de gasolina en estaciones de servicio por el cierre de ductos y elevando el precio por litro rápidamente.

Mayores precios en perjuicio de empresas y consumidores

La medida tomada por SHCP representa un trato discriminatorio a las empresas privadas con efectos contrarios a la competencia al generar incertidumbre en las inversiones (ya que implica un cambio en las reglas del juego ex-post) , limitar las posibilidades de competir en el mercado y otorgar ventajas exclusivas a Pemex. Limitar la capacidad de las empresas privadas para decidir el punto de importación más eficiente afecta al proceso de competencia ya que eleva artificialmente los costos para abastecer su red de estaciones de servicio y atender a clientes de otros sectores industriales. Esto, además, podría ser violatorio del T-MEC. La medida afecta las inversiones de empresas extranjeras e inhibe la libre competencia a favor de las empresas estatales, al dejar en desventaja a dichas empresas.

De forma similar, la medida del SAT reduce el número de agentes participantes en el padrón de importaciones y exportaciones desviando la demanda a las empresas restantes en el mercado, con la posibilidad de una restricción de oferta mientras las empresas restantes ajustan sus procesos de distribución para cubrir la demanda. Nuevamente, Pemex queda en una posición favorable frente a las empresas privadas competidoras.

El trato discriminatorio y suspensión de permisos van en contra de los principios bajo los cuales se dió la apertura del mercado de combustibles en 2017 y de las recomendaciones propias de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien en un comunicado de julio 2020 recomendó que la normativa para la obtención de permisos de importación y expendio al público se aplique de manera expedita y no discriminatoria. Las medidas tendrán influencia en la decisión de las empresas privadas sobre ampliar o no su capacidad operativa en las cadenas de suministro para asegurar el abasto de gasolina y diésel a las estaciones de servicio. Lo que constituirá un efecto perjudicial de la medida en el presente y futuro de las empresas privadas en el sector.

En materia de precios y consumo, los costos adicionales que provocarán las medidas deberán ser absorbidos tanto por las empresas privadas como por los consumidores, reflejándose en precios más altos, afectando no sólo a los propietarios de automóviles, sino a la totalidad de la cadena de suministro y con ello a los precios generales de la economía. Los energéticos y gasolinas han acelerado su ritmo inflacionario, afectando no sólo al consumidor final sino también a otros sectores como es el caso del transporte. El sector transportes aporta alrededor del 6% del PIB Total y en particular el Autotransporte de Carga y de Pasajeros representa más del 80% del sector que es altamente demandante de gasolinas y representa una gran parte de sus costos variables.

De acuerdo con los resultados de la ENIGH 2020, el gasto promedio de las familias mexicanas en gasolinas y diésel representó  5.9% del gasto corriente. Analizando el gasto promedio por decil de ingreso, observamos que son los deciles más altos quienes consumen en un mayor monto de gasolinas y diésel; en decil más alto reporta gastar en promedio $6,600 pesos al trimestre.

El mayor gasto de los deciles más altos se ve acompañado de un continuo aumento del estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles desde febrero de 2021^[2]  (punto más bajo del precio internacional de la mezcla mexicana) con el objetivo de controlar el aumento de precios por las fluctuaciones internacionales. Esto deriva en una condición de regresividad del IEPS donde los estímulos fiscales favorecen en términos absolutos a los deciles más altos afectando de forma desigual a los consumidores, además de lanzar incentivos perversos en términos de sostenibilidad ambiental.

^[1] También se consideran los productos mezclados con otros componentes que no provengan del petróleo o gas natural, petroquímicos y sus especialidades, así como biocombustibles. Adicionalmente los minerales cuando se trate de salida del territorio nacional y los precursores del fentanilo, metanfetamina, así como los químicos esenciales clasificados en las fracciones arancelarias establecidas en la resolución.

^[2] Para la semana del 31 de julio al 6 de agosto de 2021 la gasolina magna recibe un estímulo de 52.34% acumulando 25 semanas de estímulos positivos de parte de SHCP. La gasolina premium recibe un estímulo de 24.01% y acumula 12 semanas con estímulo. Finalmente el diesel acumula 23 semanas con apoyo recibiendo 22.11% de estímulo de acuerdo con el comunicado más reciente del Diario Oficial de la Nación.

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