El gobierno no debe rescatar empresas de la quiebra cuando ésta es resultado de una mala administración. Pero sí debe hacerlo cuando es el resultado de una prohibición para operar, independientemente de cuál sea la intención de la prohibición.
El gobierno no debe rescatar empresas, siempre y cuando la quiebra sea consecuencia de una mala administración, que dé como resultado que la empresa ya no sirve al consumidor como el consumidor quiere ser servido, por lo que éste ya no está dispuesto a financiar, pagando el precio, la producción del bien o servicio del que se trate. Si en tal caso el gobierno rescata a la empresa lo que hace es obligar al contribuyente (el dinero para el rescate sale de los impuestos) a subsidiar la producción de un satisfactor que, como consumidor, pagando su precio, ya no está dispuesto a financiar, lo que es económicamente ineficaz y éticamente injusto.
¿Qué debería suceder si una empresa quiebra, no por obra y gracia de una mala administración, sino como consecuencia de que, por las razones que sean, el gobierno prohíbe su operación (producción, oferta y venta de bienes y servicios)? En ese caso el gobierno debería, durante el tiempo que dure la prohibición, ayudarla, lo cual puede hacer de tres maneras: i) no quitándole (no cobrándole impuestos); ii) dándole (subsidiándola); iii) no quitándole y dándole. Para compensar los menores impuestos y/o los mayores subsidios el gobierno debería recurrir a deuda externa.
Si el gobierno les prohíbe operar a ciertas empresas, partiendo de la distinción arbitraria entre actividades económicas esenciales, permitidas, y no esenciales, prohibidas, y distinguiendo, también arbitrariamente, entre el sector formal, al que le prohíbe operar, y el informal, al que le permite seguir operando, sin otorgarles ningún tipo de ayuda a las que no deben operar, ¿tienen Éstas, sobre todo si están a punto de la quiebra, la obligación ética de obedecer la prohibición, independientemente de cuál sea el fin de la misma, como puede ser el intento de disminuir el número de contagiados, enfermos y muertos producto de una crisis sanitaria? No.
Y esa prohibición, dado que en el Art. 5 constitucional leemos que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, ¿no resulta inconstitucional? El intento de disminuir el número de contagiados, enfermos y muertos producto de la pandemia, ¿es la excepción que confirma la regla?
Si usted, lector, se encontrara en esa situación, y su empresa estuviera a punto de quebrar, ¿se quedaría con los brazos cruzados o se rebelaría contra una prohibición injusta, tal y como ya lo están haciendo los restauranteros?
El gobierno no debe rescatar empresas de la quiebra cuando ésta es resultado de una mala administración. Pero sí debe hacerlo cuando es el resultado de una prohibición para operar, independientemente de cuál sea la intención de la prohibición. Si no lo hace, ¿qué les queda a los empresarios? Rebelarse.
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