Ciudad de México, 24 de junio de 2020.
Por: Rosalba Amezcua
El decreto presidencial para prohibir la importación y exportación de vaporizadores fomenta el mercado negro.
Contrario a su objetivo, la disposición pondrá en riesgo la integridad de los consumidores.
A través de disposiciones que obstaculizan la regulación de mercados, el gobierno de México fomenta la ilegalidad y estimula al crimen organizado, alertó el Centro para la Elección de los Consumidores (Consumer Choise Center).
La organización, fundada en febrero de 2017 y cuyo objetivo es proteger los intereses de los consumidores en más de 100 países, lamentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aplique medidas que atentan contra la libertad de elección de los consumidores e incluso contra la salud pública de México.
En ese sentido, la CCC, con oficiales centrales en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europa, dijo que, por ejemplo, el decreto presidencial que se emitió el pasado 19 de febrero para prohibir la importación y exportación de vaporizadores va en contra de la necesidad de regular el mercado de dichos productos y, por el contrario, fomenta la distribución y venta de artículos ilegales, a través de cárteles y el crimen organizado.
La organización, promotora de mercados reguladores en sector como alimentos, transportación y salud, alertó que las consecuencias de la disposición presidencial no terminan en el fomento de un mercado ilícito de sustancias y dispositivos de dudosa calidad, sino en el impacto que tendrán en los consumidores mexicanos, quienes, ante la imposibilidad de comprar artículos legales y regulados, podrían caer en las garras de contrabandistas y adquirir productos que podrían provocarles enfermedades pulmonares e incluso la muerte, tal como sucedió en Estados Unidos en la segunda mitad del año pasado.
Al respecto, la CCC recordó que la propia autoridad sanitaria de Estados Unidos afirmó categóricamente que la intoxicación y muertes de varios usuarios de cigarros electrónicos obedeció a la vaporización de líquidos ilícitos de THC provenientes del mercado negro, es decir, no respondió a la actividad propia del vapeo, sino al uso de sustancias prohibidas, lo cual podría ocurrir en México ante la negativa del gobierno por regular los vaporizadores, con todo y que se ha demostrado científicamente que son una auténtica opción para dejar el consumo de cigarros tradicionales.
Sobre este punto, la organización internacional destacó que el principal organismo de salud del Reino Unido, Public Health England, ha afirmado repetidas veces que el vapeo y el consumo de los cigarrillos electrónicos son un 95% menos perjudiciales que fumar, por lo cual los vaporizadores son parte de una política pública para combatir el tabaquismo en esa región.
De igual manera, la CCC afirmó que a la misma conclusión ha llegado el Ministro de Salud de Nueva Zelanda y el organismo Health Canada, quienes han lanzado iniciativas públicas animando a los fumadores a pasarse al vapeo.
Sin embargo, la organización lamentó que, soslayando dichos argumentos, el gobierno mexicano determinó prohibir la importación y exportación de cigarros electrónicos, lo que implicará una serie de secuelas tanto sociales como económicas:
Contradictorio a la necesidad de fomentar mercados regulados y legales.
Restricción de elección para los consumidores mexicanos.
Riesgo de volver a fumar para quienes están en proceso de dejar el cigarro al utilizar vaporizadores.
Estímulo para los cárteles y el crimen organizado.
Debilita la salud pública de México.
Ante ello, la organización exhortó al gobierno mexicano en impulsar la legalidad, escuchar las diferentes posturas y promover mercados regulados, con el objetivo de que los consumidores tengan acceso a productos de calidad y que no atenten en contra de su integridad, pues afirmó que el decreto presidencial mencionado causará exactamente lo que está tratando de prevenir: Más enfermedades pulmonares y constituirse en un programa de estímulo para los cárteles y el crimen organizado.
El Consumer Choice Center (CCC), organización que defiende los intereses de los consumidores en más de 100 países, apoya la libertad de estilo de vida, la innovación, la privacidad, la ciencia y la elección del consumidor. Monitorea de cerca las tendencias regulatorias en ciudades como Ottawa, Washington, Bruselas, Ginebra y otros puntos críticos de regulación e informa y activa a los consumidores para luchar por #ConsumerChoice.
Para más información: https://consumerchoicecenter.org/
Rosalba Amezcua, amezcua418@gmail.com
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