DEBILIDAD

Isaac Katz

“MUY POCO SE HA AVANZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNTEGRO ESTADO DE DERECHO Y, EN GRAN MEDIDA, ES EL RESULTADO DE QUE HISTÓRICAMENTE NO SE LE HA DADO EL VALOR QUE MERECE LA LIBERTAD INDIVIDUAL.”

Inicia 2018 y mucho me temo que volverá a ser un año perdido en un asunto crucial para definir el futuro de este país: avanzar hacia un íntegro estado de derecho, moverse de manera decidida hacia un entorno en el cual la libertad individual sea el valor supremo.

No cabe duda que uno de los elementos centrales en la explicación del por qué el mediocre desempeño de la economía durante los últimos lustros es la debilidad que caracteriza a gran parte del arreglo institucional que rige la acción e interacción de los agentes económicos, una deficiencia que se traduce en que los mismos incentivos que se derivan de este arreglo no son los adecuados, ni los eficientes, para lograr introducirnos en una senda sostenida de desarrollo económico que se traduzca en niveles de bienestar familiar cada vez mayores.

Normalmente cuando se entra en la discusión sobre la existencia (o inexistencia) de un estado de derecho, ésta se ha centrado generalmente en un solo aspecto: la alta tasa de impunidad en la comisión de delitos, particularmente cuando se trata de actos que atentan contra la integridad física de los individuos y, en el menor de los casos, cuando son actos que atentan contra el patrimonio de los individuos, todos éstos englobados en el término «delincuencia».

Sin embargo, el concepto «íntegro estado de derecho» va mucho más allá e incluye una eficiente definición en el marco legal de los derechos privados de propiedad, la libertad que tiene cada individuo de utilizar los recursos de su propiedad (incluido su propio cuerpo) como más le plazca mientras en el ejercicio de esta libertad no atente en contra de los derechos de terceros, la libertad que tiene cada individuo para involucrarse voluntariamente en transacciones de intercambio en mercados caracterizados por operar en competencia y, finalmente, la certeza que tienen los individuos de que estos tres derechos (posesión, uso y transferencia) están garantizados por un poder judicial independiente, imparcial, eficiente y expedito. Con esta visión amplia, es claro que México está muy lejos de poder ser considerado un país en donde rija un íntegro estado de derecho, más allá de la ya de por sí escandalosa tasa de impunidad de 97% en la comisión de delitos.

Sin hacer una lista exhaustiva (el espacio no lo permite ni es la intención hacerlo aquí), van tres ejemplos. Primero, no todos los agentes económicos son libres de utilizar los recursos de su propiedad; en muchos mercados existen significativas barreras regulatorias de entrada y salida que lo impiden y, en muchos casos, estas mismas barreras le permiten delinquir a quienes las administran mediante mecanismos de extorsión al negar o condicionar permisos y licencias. Un segundo ejemplo es que no todas las transacciones son enteramente voluntarias ya que en varios mercados (bienes, servicios y factores de la producción) prevalecen prácticas monopolicas que lo impiden. Un tercer ejemplo lo constituye la notoria falta de garantía judicial de los derechos de propiedad al no tener un poder judicial (en la mayor parte de las entidades federativas) efectivamente independiente e imparcial que garantice el cumplimiento de contratos. Son solo tres ejemplos pero hay muchísimos más.

Muy poco se ha avanzado en la construcción de un íntegro estado de derecho y, en gran medida, es el resultado de que históricamente no se le ha dado el valor que merece la libertad individual, por lo que se ha edificado un arreglo institucional que ha premiado la búsqueda y apropiación de rentas al amparo del poder político en lugar de haber construido uno en donde se premiara la generación de riqueza. Y así nos ha ido.

*Artículo publicado originalmente en El Economista.

Estado de derecho