EL SUCESOR

Isaac Katz

“UN MANEJO ERRÓNEO DE LA POLÍTICA MONETARIA, PARTICULARMENTE SI ÉSTA SE SUBORDINA A LA POLÍTICA FISCAL, PUEDE DESTRUIR UNA ECONOMÍA.”

En México tenemos muchos órganos autónomos del Estado. Se argumenta que dicha autonomía es una condición indispensable para aislar a estos entes de los intereses políticos, sea tanto del presidente de la República (y otros integrantes del Poder Ejecutivo) como de los partidos políticos. La idea, obviamente, es que estos órganos puedan cumplir los objetivos para los que fueron creados y ejercer sus funciones sin injerencias externas. En principio podría argumentarse que quienes integran sus órganos de gobierno son profesionales expertos en sus respectivos campos y que en el ejercicio de sus funciones no responderán, ni se doblarán, ante presiones de grupos de interés, cualquiera que éstos sean (políticos, empresariales, sindicatos, etcétera).

En un sistema presidencial como el mexicano, es natural que de alguna forma el presidente tenga injerencia en el nombramiento de quienes integran los órganos de gobierno en  la mayor parte de los entes autónomos, normalmente proponiendo directamente al candidato, quién es avalado (o rechazado) por el Senado o, como sucede en el caso de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, elija, para proponer al Senado, de entre individuos que fueron previamente evaluados, mediante examen, por otros tres entes autónomos: el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. También puede ser considerado como normal que en su propuesta el presidente, además de considerar las calificaciones profesionales de los posibles candidatos, incluya como elemento sus preferencias personales, sea por amistad, lealtad o que refleje su visión de Estado. Sería iluso, por otra parte, pensar que la decisión que tome el presidente no tome en consideración elementos de carácter político, siendo él un «animal» eminentemente político.

Lo anterior viene a colación porque el presidente Peña ha sido criticado por algunas de estas propuestas como sucedió en los casos de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Paloma Merodio en el INEGI y ahora toca postular ante el Senado a quien sería el sucesor de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, institución que sin duda es el más importante órgano autónomo del Estado mexicano.

El artículo 28 de la Constitución señala: «El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento».

Por su parte, la Ley del Banco de México establece en el artículo 38 fracción II que para ser miembro de la Junta de Gobierno, éste debe: «Gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera».

La autonomía política del Banco de México es crucial porque un adecuado manejo de la política monetaria es condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr un proceso sostenido de desarrollo económico. Por otra parte, un manejo erróneo de la misma, particularmente si ésta se subordina a la política fiscal, puede destruir una economía. De ahí la importancia de a quién postule el presidente como sucesor de Carstens.

Y al respecto, en una entrevista que éste último otorgó el 24 de octubre al Wall Street Journal, a la pregunta expresa sobre su sucesor, respondió: «Lo que se necesita es alguien comprometido con la autonomía del Banco de México».

¿Alguna duda?